CONVENIO SOBRE EXTRADICION DE MONTEVIDEO, VIGENTE EN LA ACTUALIDAD, DEL CUAL REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ SON PARTE.



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Edward Pérez:

El ciudadano de la frontera,


En repuesta al canciller de la república de Haití, señor Antonio Rodríguez, quien manifestó la tarde de hoy, que no hay acuerdo de extracción entre ambos países. Aquí les dejo el convenio de monte video donde estipula claramente que entre Haití y república dominicana si hay acuerdo. Además, le recuerdo que cuando las autoridades haitianas   pidieron al coronel Jean Cols en el año 2000, dicho coronel fue extraditado, república dominicana respetando dicho acuerdo. 


CONVENCION SOBRE EXTRADICION.

Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional
Americana.
Deseosos de concertar un convenio acerca de Extradición, han nombrado los
siguientes Plenipotenciarios de:
Honduras, Estados Unidos de América, El Salvador, República Dominicana,
Haití, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Ecuador,
Nicaragua, Colombia, Chile, Perú, Cuba.
Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente.

Art. 1.- Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con
las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los
requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan
sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a) Que el Estado requiriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que
se imputa al individuo reclamado.
b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y
sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la
pena mínima de un año de privación de la libertad.

Art. 2.- Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a
su entrega ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la legislación o las
circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al individuo, el
Estado requerido, queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en el
concurren las condiciones establecidas por el inciso b) del artículo anterior, y a
comunicar al Estado requiriente la sentencia que recaiga.

Art. 3.- El Estado requerido no estará obligado a conceder la extradición:
a) Cuando estén prescritas la acción penal o la pena, según las leyes del Estado
requiriente y del requerido con anterioridad a la detención del individuo inculpado.
b) Cuando el individuo inculpado haya cumplido su condena en el país del delito o
cuando haya sido amnistiado o indultado.
c) Cuando el individuo inculpado haya sido o esté juzgado en el Estado requerido
por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición.
d) Cuando el individuo inculpado hubiera de comparecer ante tribunal o juzgado
de excepción del Estado requiriente, no considerándose así a los tribunales del fuero
militar.
e) Cuando se trate de delito político o de los que le son conexos. No se reputará
delito político el atentado contra la persona del Jefe de Estado o de sus familiares.
f) Cuando se trate de delitos puramente militares o contra la religión.

Art. 4.- La apreciación del carácter de las excepciones a que se refiere el artículo
anterior corresponde exclusivamente al Estado requerido.

Art. 5.- El pedido de extradición debe formularse por el respectivo representante
diplomático, y a falta de éste por los agentes consulares o directamente de gobierno
a gobierno, y debe acompañarse de los siguientes documentos, en el idioma del país
requerido:
a) Cuando el individuo ha sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado
requiriente, una copia auténtica de la sentencia ejecutoriada.
b) Cuando el individuo es solamente un acusado, una copia auténtica de la
orden de detención, emanada de juez competente; una relación precisa del hecho
imputado, una copia de las leyes aplicables a ésta, así como de las leyes referentes a
la prescripción de la acción o de la pena.
c) Ya se trate de condenado o de acusado, y siempre que fuera posible, se remitirá
la filiación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado.

Art. 6.- Cuando el individuo reclamado se hallare procesado o condenado en el
Estado requerido, por delito cometido con anterioridad al pedido de extradición, la
extradición podrá ser desde luego concedida; pero la entrega al Estado requiriente
deberá ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena.

Art. 7.- Cuando la extradición del individuo fuere pedida por diversos Estados con
referencia al mismo delito, se dará preferencia al Estado en cuyo territorio éste se haya
cometido.
Si se solicita por hechos diferentes, se dará preferencia al Estado en cuyo territorio
se hubiere cometido el delito que tenga pena mayor, según la ley del Estado requerido.
Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido reputa de igual gravedad,
la preferencia será determinada por la prioridad del pedido.

Art. 8.- El pedido de extradición será resuelto de acuerdo con la legislación interior
del Estado requerido; y, ya corresponda, según ésta, al poder judicial o al poder
administrativo. El individuo cuya extradición se solicite podrá usar todas las instancias y recursos que aquella legislación autorice.

Art. 9.- Recibido el pedido de extradición en la forma determinada por el
artículo 5, el Estado requerido agotará todas las medidas necesarias para proceder a la
captura del individuo reclamado.

Art. 10.- El Estado requiriente podrá solicitar por cualquier medio de
comunicación, la detención provisional o preventiva de un individuo siempre que
exista a lo menos, una orden de detención dictada en su contra y ofrezca pedir
oportunamente la extradición. El Estado requerido ordenará la inmediata detención del
inculpado. Si dentro de un plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha en que se
notificó al Estado requiriente el arresto del individuo, no formalizará aquel su pedido
de extradición, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse de nuevo su
extradición sino en la forma establecida por el artículo 5.
Las responsabilidades que pudieran originarse de la detención provisional o
preventiva corresponden exclusivamente al Estado requiriente.

Art. 11.- Concedida la extradición y puesta la persona reclamada a disposición del
agente diplomático del Estado requiriente, si dentro de dos meses contados desde la
comunicación en ese sentido no hubiera sido aquella enviada a su destino será puesta en
libertad, no pudiendo ser de nuevo detenida por el mismo motivo.
El plazo de dos meses se reducirá a cuarenta días si se tratare de países limítrofes.

Art. 12.- Negada la extradición de un individuo no podrá solicitarse de nuevo
por el mismo hecho imputado.

Art. 13.- El Estado requiriente podrá nombrar agentes de seguridad para
hacerse cargo del individuo extradido; pero la intervención de aquellos estará
subordinada a los agentes o autoridades con jurisdicción en el Estado requerido o
en los de tránsito.

Art. 14.- La entrega del individuo extradido al Estado requiriente se efectuará
en el punto más apropiado de la frontera o en el puerto más adecuado si su traslación
hubiera de hacerse por la vía marítima o fluvial.

Art. 15.- Los objetos que se encontraren en poder del individuo requerido, obtenidos
por la perpetración del delito que motiva el pedido de extradición, o que pudiera
servir de prueba para el mismo serán secuestrados y entregados al país requiriente aún
cuando no pudiera verificarse la entrega del individuo por causas extrañas al
procedimiento, como fuga o fallecimiento de dicha persona.

Art. 16.- Los gastos de prisión, custodia, manutención y transporte de la
persona, así como los objetos a que se refiere el artículo anterior, serán por cuenta del
Estado requerido, hasta el momento de su entrega, y desde entonces quedarán a cargo
del Estado requiriente.

Art. 17.- Concedida la extradición, el Estado requiriente se obliga:
a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común con anterioridad al
pedido de extradición y que no haya sido incluido el, a menos que el interesado
manifieste expresamente su conformidad.
b) A no procesar ni a castigar al individuo por delito político o por delito conexo con
delito político, cometido con anterioridad al pedido de extradición.
c) A aplicar al individuo la pena inmediata inferior a la pena de muerte, si según la
legislación de país de refugio, no correspondiera aplicarle pena de muerte.
d) A proporcionar al Estado requerido una copia auténtica de la sentencia que se
dicte.

Art. 18.- Los Estados signatarios se obligan a permitir el tránsito por su
territorio de todo individuo cuya extradición haya sido acordada por otro Estado a favor
de un tercero, sin más requisito que la presentación, en original o en copia auténtica del
acuerdo por el cual el país de refugio concedió la extradición.

Art. 19.- No podrán fundarse en las estipulaciones de esta Convención ningún
pedido de extradición por delito cometido antes del depósito de su ratificación.

Art. 20.- La presente Convención será ratificada mediante las formalidades legales
del uso en cada uno de los Estados signatarios, y entrará en vigor, para cada uno de
ellos, treinta días después del depósito de la respectiva ratificación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay queda
encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin.
Los instrumentos de ratificación, serán depositados en los archivos de la Unión
Panamericana, en Washington, que notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones.

Art. 21.- La presente Convención no abroga ni modifica los tratados bilaterales o
colectivos que en la fecha del actual estén en vigor entre los Estados signatarios. No
obstante, si alguno de aquellos dejará de regir, entrará a aplicarse de inmediato la
presente Convención entre los Estados respectivos, en cuanto cada uno de ellos hubiere
cumplido con las estipulaciones del artículo anterior.

Art. 22.- La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser
denunciada mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la
transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convención
cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demás Altas
Partes Contratantes.

Art. 23.- La presente Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados
signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en los Archivos
de la Unión Panamericana que los comunicará a las otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, firman y
sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, este vigésimo sexto día del mes de
diciembre del año de mil novecientos treinta y tres.

Art. 23-A.- RESERVAS: La Delegación de los Estados Unidos de América, al
firmar la presente Convención de Extradición, reserva los siguientes artículos:
Art. 2, (Segunda frase del Texto Inglés);
Art. 3, párrafo d;
Art. 12, 15, 16 y 18.
Reserva de que El Salvador, aunque acepta en tesis general el Artículo XVIII del
Tratado Interamericano de Extradición, establece concretamente la excepción de que no
puede cooperar a la entrega de sus propios nacionales, prohibida por su Constitución
Política, permitiendo el paso por su territorio de dichos nacionales cuando un Estado
extranjero los entrega a otro.
México suscribe la Convención sobre Extradición con la declaración respecto
del Artículo 3, fracción f, que la legislación interna de México no reconoce los
delitos contra la religión. No suscribirá la cláusula opcional de esta Convención.
La Delegación del Ecuador, tratándose de las Naciones con las cuales su país tiene
celebradas Convenciones sobre Extradición, acepta las estipulaciones aquí establecidas
en todo aquello que no estuvieren en desacuerdo con aquellas Convenciones.

Art. 23-B.- Países que firman:

Honduras, Estados Unidos de América, El Salvador, República Dominicana,
Haití, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Ecuador,
Nicaragua, Colombia, Chile, Perú, Cuba.

Art. 23-C.- Cláusula Opcional. - Los Estados signatarios de esta cláusula, no
obstante lo establecido por el Art. 2 de la Convención sobre Extradición que antecede,
convienen entre sí que en ningún caso la nacionalidad del reo pueda impedir la
extradición.
La presente cláusula queda abierta a los Estados signatarios de la referida
Convención sobre Extradición, que deseen adherirse a ella en lo futuro, para lo cual
bastará comunicar ese propósito a la Unión Panamericana.
Argentina, Uruguay.
Habiendo sido la preinserta Convención aprobada por Decreto Supremo No. 59,
del día diez y nueve del mes de junio del año de 1936, apruebo, ratifico y confirmo
todos y cada uno de los artículos de la mencionada Convención sobre Extradición,
declarándolo como Ley de la República y comprometiendo para su observancia el honor
nacional.
Por tanto, expido la presente Ratificación por parte de la República del Ecuador
de la citada Convención sobre Extradición, firmada por mi mano, sellada con las armas
del Estado y refrendada por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que este
Instrumento de Ratificación sea depositado en la Oficina de la Unión Panamericana, que funciona en la ciudad de Washington, D.C., conforme lo indicado en el Artículo veinte de la presente convención, 

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